La rendición de cuentas es algo más que un inventario de cifras. Si bien es cierto que los programas contra la corrupción tienen un sentido alentador en cuanto se trata de una defensa de la moral pública que tanto se requiere en estos tiempos disolutos, no obstante, tienen la tendencia a concentrarse en el énfasis sobre la 'corrupción económica', definida por Hardt y Negri en Multitud como la "desviación ilegal de los recursos de los sistemas públicos para lucro privado". Aunque se trata de un fenómeno grave, es tan sólo la punta del iceberg pues los vicios concomitantes como el nepotismo, el clientelismo, el amiguismo, la simonía, las canonjías, y las cortapisas a la justicia misma, constituyen expresión de ese fenómeno creciente de desintegración ciudadana que tanto debe preocupar a una sociedad democrática.

La moral pública resulta afectada por estos vicios, y una ciudadanía participativa no puede constituirse con una justicia a medias, cuestionada frecuentemente por sus resultados precarios como ha ocurrido en recientes manifestaciones de importantes voceros de la comunidad europea y norteamericana, ó por valientes testimonios como el que ha generado el padre jesuita Javier Giraldo Moreno, quien señala ese perverso tejido de complicidades institucionales como el mal que ha trastornado tan profundamente a la sociedad colombiana. La conciencia de la humanidad se siente comprometida con la búsqueda de la VERDAD y de la JUSTICIA y acepta con agrado someterse a mecanismos institucionalizados que faciliten su aproximación, así muchas veces impliquen molestias, esfuerzos o incomodidades personales. Lo que no puede aceptar una conciencia ética es involucrarse en mecanismos institucionales que, tras ficciones o simulacros de verdad y de justicia, conduzcan precisamente a contribuir en la práctica y positivamente con la falsedad y la injusticia.

La rendición de cuentas tendrá que tomarse en un sentido holístico y asumirse a la manera clásica; esto es, que no se detenga en el mero inventario de contabilidades sino en razones políticas, que propicien el control de la gestión social desde una perspectiva más pluridimensional y, por lo tanto, más alentadora de los principios formativos que animan la vida de una ciudadanía participativa y vigilante del valor social que deben tener siempre las acciones del gobernante.