Llama la atención que, desde distintas fuentes, incluyendo un reciente editorial de El Tiempo, se hagan públicas ciertas reservas sobre el comportamiento de instituciones de tanta trascendencia para la vida de la democracia, como son la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional, para no hablar del Congreso, siempre en la picota por su errático proceder.

La responsabilidad que le atañe a los medios de comunicación, en razón de su propio discurso crítico, constituye factor suficiente para atender estas voces que reclaman transparencia y signos inequívocos de que se está dando cabal cumplimiento al ejercicio de las funciones encomendadas a estas instancias del poder público.

Las sociedades no tienen otro asidero para su preservación que la propia consistencia de sus instituciones. Ellas son las que le generan confianza mediante la guarda del orden en la plenitud del espíritu del derecho y de la autonomía; en la preservación del necesario equilibrio de poderes en el cual se soporta la vida de la democracia, para no caer en sinuosa tendencia que favorezca los antojadizos afanes de poder que alimentan las tentaciones del Ejecutivo.

Es por esa razón que las voces que hoy alertan sobre estas fisuras no pueden pasar desapercibidas, sino que tienen que inscribirse en la conciencia ciudadana como parte de su claridad política para actuar con mayor responsabilidad en esta coyuntura de nuestra vida social.

Tampoco pueden perderse de vista las voces que llaman la atención sobre la propensión del accionar político hacia la radicalización de apuestas que sólo miran la repartija del poder, sin la más leve consideración por los daños que se le puedan infligir a la estructura misma de la sociedad, al fragmentarla y dividirla en esos fanatismos irreconciliables que son precisamente los que alimentan las violencias que hoy se pretenden superar.

Grave coyuntura es ésta de la vida nacional en la que, al parecer, las hábiles maniobras del Ejecutivo han logrado permear otras instituciones para neutralizar el sentido de su vigilancia y atrofiar las acciones judiciales que den sentido de orden y validez de principios a la vida social para que se preserve en el espíritu de la democracia más genuina.

Las capturas de alias Don Mario, Douglas y el Pato, representan un golpe certero a las bandas criminales ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo. Muestran los avances profesionales de las Fuerzas Armadas y, consolidan al ministro Santos como uno de los funcionarios más activos y que produce resultados de amplia resonancia. Muy oportunos además, pues también repercuten en las preferencias de la opinión pública, ahora cuando los candidatos trazan estrategias para situarse, con mejores posiciones, en las encuestas por la sucesión presidencial que, finalmente, parece no se va a dar.

Sin embargo, más allá de la euforia por estos logros, es de advertir que el círculo de las violencias no termina. Voces autorizadas han señalado que este flagelo del narcotráfico merece otros tratamientos, pues la sola instancia de la represión y de la guerra no cercena las cabezas de esta hidra que persistentemente se reproducirá mientras exista el mercado que la sustenta. El negocio de la droga seguirá nutriendo la interminable multiplicación de grupos grandes o pequeños, que siempre encontrarán alguna astucia para proseguir en la aventura de esta empresa y dar así continuidad a ese perverso sustrato que se ha endosado sin escrúpulos a la vida nacional.

La fatigada conciencia de los colombianos ya no sabe si entusiasmarse con estos innegables éxitos, o resignarse y simplemente asumir estas violencias con fácil apatía descomprometida cuando se percibe que vuelve a emerger esta inacabable cadena del narcotráfico y su espiral de muerte y corrupción. Aún está viva esa urdimbre de connivencias, de acuerdos subrepticios entre grupos al margen de la ley en las apuestas políticas de ciudades, gobernaciones y representaciones legislativas. Ese agresivo proceso de descomposición social y de la moral pública es inocultable, y con el calificativo de narcotraficante puro, hecho por el general Naranjo a “Don Mario”, luego de su captura, a pesar de haber sido postulado para acceder a la Ley de Justicia y Paz, son casi inequívocas las sospechas sobre la ausencia de claridad de las actuaciones oficiales, así como de los grupos políticos, que sólo tienen en la mira imaginación para reproducirse en el poder y casi nada para salirle al paso a estas violencias con soluciones de fondo.

La crisis actual de la economía que atraviesa el escenario del mundo no puede sorprender al país distraído en los avatares de cálculos políticos, en vez de estar plenamente concentrado en la dilucidación de las acciones que son necesarias para contrarrestarla.

Si bien es cierto que los índices actuales comparados con los del año 99 no son los mismos como para entrar en situación de alarma general, y que se pueden advertir hechos favorables como la existencia de reservas internacionales por 23.000 millones de dólares que significan 4.5 veces el endeudamiento del país, que hoy la cartera hipotecaria es apenas del 2% del PIB contra el 11.4% que se registraba en el 99, que la inflación es del 6% y que el déficit fiscal del sector público estará alrededor del 2.4%, tampoco se puede desconocer que se presentan signos preocupantes como el crecimiento económico declinante, el aumento del desempleo, la menor inversión extranjera directa ó la baja en las exportaciones y ventas de sectores fundamentales.

Es claro que no se puede dejar todo el manejo de la situación en manos del Banco de la República, como si la sola reducción de los intereses fuera la panacea para protegernos en esta eventualidad. Es preciso que se haga una acción coordinada de la gestión gubernamental en aspectos puntuales como la construcción de vivienda social y de infraestructura productiva, y se generen incentivos verosímiles. No basta con anuncios poco creíbles como la inversión de los 55 billones de pesos ó la controvertida exhortación a acelerar el gasto de gobernaciones y alcaldías.

Además, siempre se ha dicho que el desempeño de la economía está atado a la confianza que se genere en sus actores, y en este punto el Gobierno está llamado a ejercer una acción que haga posible la movilización de las fuerzas sociales para generar la certeza de que estamos en capacidad de superar esta situación. Para nada contribuye a la creación de confianza, la duda que hoy se vive en el ámbito político. Mucho ayudaría una definición, clara e inmediata, en torno al tema de la reelección que se ha identificado como el factor que más incertidumbre le genera al país en la actualidad.

La reciente declaración del exministro Carlos Holguín Sardi, en el sentido de marginar a la embajadora Noemí Sanín de cualquier pretensión por asumir las vocerías conservadoras en la próxima contienda electoral, tiene un alto valor estratégico. Se trata de la preservación de su propio nombre como la figura más representativa de su partido, el cual, a todas luces, no se puede descartar dentro del abanico de posibilidades que hoy se dirimen en el escenario de la política nacional. Es en éste parsimonioso político en quien podría recaer la mirada del uribismo en caso de un fracaso del referendo en la Corte Constitucional ó si resulta deficitaria la expresión popular ó si el Presidente desiste de presentarse a la tercera reelección.

Holguín Sardi hace parte de esa avenida tradición de la que hizo gala su familiar Jorge Holguín que en el pasado sirvió como hombre de confianza para salir de complicadas coyunturas políticas sin mayores riesgos. Quizás sólo aspira a la conclusión de su larga vida política con esta corona presidencial y, por eso mismo, es la persona que ofrece la garantía de quien no tiene otra aspiración que esta culminación honrosa. Sería el mediador de la disputa uribista; sería obsecuente con sus líneas doctrinarias; el administrador de sus apuestas y, hoy por hoy, la opción que más confiablemente dejaría el espacio abierto para el retorno de Uribe en el 2014, para redondear así las metas trazadas en el horizonte demarcado por la política de la Seguridad democrática.

En el complejo escenario de la política nacional en el que se ejercitan estas cábalas con miras a la próxima contienda electoral, Holguín Sardi permanece ahí como opción, si se trata de buscar un personaje predispuesto a contemporizar y a replicar las voces que buscan mantenerse como la sombra del poder. Si éstas son las condiciones que requiere el uribismo, éste es el nombre más expedito para salvar los riesgos de todo tipo que para el propio presidente conlleva una tercera reelección inmediata. Personas cercanas ya le han advertido de esos riesgos, así como de las ventajas que le significarían una renovada presencia para el 2014 y, seguramente, debe estar ponderando esta situación con su agudo olfato político.