La crisis actual de la economía que atraviesa el escenario del mundo no puede sorprender al país distraído en los avatares de cálculos políticos, en vez de estar plenamente concentrado en la dilucidación de las acciones que son necesarias para contrarrestarla.
Si bien es cierto que los índices actuales comparados con los del año 99 no son los mismos como para entrar en situación de alarma general, y que se pueden advertir hechos favorables como la existencia de reservas internacionales por 23.000 millones de dólares que significan 4.5 veces el endeudamiento del país, que hoy la cartera hipotecaria es apenas del 2% del PIB contra el 11.4% que se registraba en el 99, que la inflación es del 6% y que el déficit fiscal del sector público estará alrededor del 2.4%, tampoco se puede desconocer que se presentan signos preocupantes como el crecimiento económico declinante, el aumento del desempleo, la menor inversión extranjera directa ó la baja en las exportaciones y ventas de sectores fundamentales.
Es claro que no se puede dejar todo el manejo de la situación en manos del Banco de la República, como si la sola reducción de los intereses fuera la panacea para protegernos en esta eventualidad. Es preciso que se haga una acción coordinada de la gestión gubernamental en aspectos puntuales como la construcción de vivienda social y de infraestructura productiva, y se generen incentivos verosímiles. No basta con anuncios poco creíbles como la inversión de los 55 billones de pesos ó la controvertida exhortación a acelerar el gasto de gobernaciones y alcaldías.
Además, siempre se ha dicho que el desempeño de la economía está atado a la confianza que se genere en sus actores, y en este punto el Gobierno está llamado a ejercer una acción que haga posible la movilización de las fuerzas sociales para generar la certeza de que estamos en capacidad de superar esta situación. Para nada contribuye a la creación de confianza, la duda que hoy se vive en el ámbito político. Mucho ayudaría una definición, clara e inmediata, en torno al tema de la reelección que se ha identificado como el factor que más incertidumbre le genera al país en la actualidad.
Si bien es cierto que los índices actuales comparados con los del año 99 no son los mismos como para entrar en situación de alarma general, y que se pueden advertir hechos favorables como la existencia de reservas internacionales por 23.000 millones de dólares que significan 4.5 veces el endeudamiento del país, que hoy la cartera hipotecaria es apenas del 2% del PIB contra el 11.4% que se registraba en el 99, que la inflación es del 6% y que el déficit fiscal del sector público estará alrededor del 2.4%, tampoco se puede desconocer que se presentan signos preocupantes como el crecimiento económico declinante, el aumento del desempleo, la menor inversión extranjera directa ó la baja en las exportaciones y ventas de sectores fundamentales.
Es claro que no se puede dejar todo el manejo de la situación en manos del Banco de la República, como si la sola reducción de los intereses fuera la panacea para protegernos en esta eventualidad. Es preciso que se haga una acción coordinada de la gestión gubernamental en aspectos puntuales como la construcción de vivienda social y de infraestructura productiva, y se generen incentivos verosímiles. No basta con anuncios poco creíbles como la inversión de los 55 billones de pesos ó la controvertida exhortación a acelerar el gasto de gobernaciones y alcaldías.
Además, siempre se ha dicho que el desempeño de la economía está atado a la confianza que se genere en sus actores, y en este punto el Gobierno está llamado a ejercer una acción que haga posible la movilización de las fuerzas sociales para generar la certeza de que estamos en capacidad de superar esta situación. Para nada contribuye a la creación de confianza, la duda que hoy se vive en el ámbito político. Mucho ayudaría una definición, clara e inmediata, en torno al tema de la reelección que se ha identificado como el factor que más incertidumbre le genera al país en la actualidad.
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