Llama la atención que, desde distintas fuentes, incluyendo un reciente editorial de El Tiempo, se hagan públicas ciertas reservas sobre el comportamiento de instituciones de tanta trascendencia para la vida de la democracia, como son la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional, para no hablar del Congreso, siempre en la picota por su errático proceder.

La responsabilidad que le atañe a los medios de comunicación, en razón de su propio discurso crítico, constituye factor suficiente para atender estas voces que reclaman transparencia y signos inequívocos de que se está dando cabal cumplimiento al ejercicio de las funciones encomendadas a estas instancias del poder público.

Las sociedades no tienen otro asidero para su preservación que la propia consistencia de sus instituciones. Ellas son las que le generan confianza mediante la guarda del orden en la plenitud del espíritu del derecho y de la autonomía; en la preservación del necesario equilibrio de poderes en el cual se soporta la vida de la democracia, para no caer en sinuosa tendencia que favorezca los antojadizos afanes de poder que alimentan las tentaciones del Ejecutivo.

Es por esa razón que las voces que hoy alertan sobre estas fisuras no pueden pasar desapercibidas, sino que tienen que inscribirse en la conciencia ciudadana como parte de su claridad política para actuar con mayor responsabilidad en esta coyuntura de nuestra vida social.

Tampoco pueden perderse de vista las voces que llaman la atención sobre la propensión del accionar político hacia la radicalización de apuestas que sólo miran la repartija del poder, sin la más leve consideración por los daños que se le puedan infligir a la estructura misma de la sociedad, al fragmentarla y dividirla en esos fanatismos irreconciliables que son precisamente los que alimentan las violencias que hoy se pretenden superar.

Grave coyuntura es ésta de la vida nacional en la que, al parecer, las hábiles maniobras del Ejecutivo han logrado permear otras instituciones para neutralizar el sentido de su vigilancia y atrofiar las acciones judiciales que den sentido de orden y validez de principios a la vida social para que se preserve en el espíritu de la democracia más genuina.