Con el propósito de suplir el vacío de cifras confiables que tenía el país desde junio de 2006, en lo referente a mercado laboral, pobreza y desigualdad, por cuenta del cambio de la metodología introducida por el DANE en las encuestas de hogares, se creó la Misión para el Empalme de las series de Empleo, Pobreza y Desigualdad MESEP, que acaba de entregar su primer informe.

Si bien los resultados obtenidos muestran una reducción en los índices de pobreza e indigencia en el periodo entre 2002 y 2008, es preocupante que la cifra absoluta, por efectos del crecimiento poblacional, continúa en ascenso con 20 millones de colombianos pobres y 7 millones indigentes, y que dentro del intervalo considerado se observe un claro deterioro entre los años 2005 y 2008. Como explicación, la Misión anota que dicho deterioro obedece a que la inflación en los alimentos fue superior a la inflación total.

Coincide este informe con la revelación de crecientes cifras de inseguridad en las principales ciudades, en donde se aprecia que va en aumento la actividad de las bandas de atraco callejero, el sicariato, el comercio de drogas, los paseos millonarios, la violencia infantil en los colegios, los desmanes de las barras bravas, y que todas las modalidades del crimen asedian en los centros urbanos. El Comandante de la Policía aduce que el crecimiento de la inseguridad se debe a la presencia del narcotráfico.

Aunque una y otra explicación pueden ser razonables, es imperativo que se de un viraje a la política gubernamental, claramente enfocada a acoger la práctica económica según la cual, la fuerza del mercado define las posibilidades de desarrollo de la sociedad, pues si bien es aceptable que el mercado defina a qué automóvil puede acceder una persona, no es aceptable que esa misma consideración se haga cuando se trate de la posibilidad de contar con salud, educación o una vivienda digna, ó de su real y efectivo ejercicio ciudadano, pues la democracia exige unas condiciones mínimas para la solución pacífica de conflictos y para albergar una paz duradera. Esta acción reguladora debe recaer en el Estado, con lo que el filósofo Norberto Bobbio llamaba el “mínimo civilizatorio” que tiene que existir en toda sociedad.