Sociedades reguladas por una justicia ecuánime, no aceptan condenas a inocentes ó que se deje el campo abierto a la impunidad. Este es un principio inequívoco y toda la ciudadanía tiene derecho a estar vigilante para que eso no ocurra. Entre tantas imprecisiones y tropiezos, se abre ahora una esperanza de confianza en la justicia, con la reapertura del caso Luís Carlos Galán que, al parecer, con nuevos indicios y sobre todo, teniendo en cuenta declaraciones ignoradas ó tenidas en cuenta en forma parcial, podría ahora sí enrumbarse hacia la clarificación de este crimen cometido hace 20 años.

Es evidente que los valores ciudadanos están sustentados, en buena medida, en la acción proba de la justicia, y es éste un asunto que le compete a los funcionarios del Estado que han intervenido en este proceso, pues si cada uno hubiera actuado de cara a lo público, con transparencia y acatamiento de la ley, no habrían tenido lugar esos comportamientos encubridores o las aviesas tácticas para desviar la atención de la justicia hacia la inculpación a cinco personas, entre ellas el fallecido Hubis Hazbún, a quienes después de 42 meses de encarcelamiento se les notificó que nada tenían que ver con el caso. Típica apelación al recurso que Girard expone en su libro “El chivo expiatorio”, de buscar en una víctima inocente la absolución del crimen.

Cuánto daño se le ha ocasionado a la sociedad colombiana con ese malévolo subterfugio de inculpar a la víctima propicia ó de escudarse tras el parapeto de sospechas hábilmente creadas, para evadir las responsabilidades propias, culpando a los demás. Así ha hecho carrera esa especie de astucia nacional del avivato, que recurre perversa e inescrupulosamente a cualquier artimaña para pretender escapar airoso de situaciones comprometedoras, cuando no llega hasta el cinismo de convertirse en depositario de la condolencia social.

Estas son las formas de la vida fácil que no pueden prosperar más en nuestra sociedad. Empezar por aclarar el asesinato de Galán, tan sentido en el corazón de los colombianos, es oportunidad favorable para que nuestra justicia se valide como institución que contribuye efectivamente a la salvaguarda de la democracia que se funda en el respeto a la Ley.