Llama la atención que, desde distintas fuentes, incluyendo un reciente editorial de El Tiempo, se hagan públicas ciertas reservas sobre el comportamiento de instituciones de tanta trascendencia para la vida de la democracia, como son la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional, para no hablar del Congreso, siempre en la picota por su errático proceder.

La responsabilidad que le atañe a los medios de comunicación, en razón de su propio discurso crítico, constituye factor suficiente para atender estas voces que reclaman transparencia y signos inequívocos de que se está dando cabal cumplimiento al ejercicio de las funciones encomendadas a estas instancias del poder público.

Las sociedades no tienen otro asidero para su preservación que la propia consistencia de sus instituciones. Ellas son las que le generan confianza mediante la guarda del orden en la plenitud del espíritu del derecho y de la autonomía; en la preservación del necesario equilibrio de poderes en el cual se soporta la vida de la democracia, para no caer en sinuosa tendencia que favorezca los antojadizos afanes de poder que alimentan las tentaciones del Ejecutivo.

Es por esa razón que las voces que hoy alertan sobre estas fisuras no pueden pasar desapercibidas, sino que tienen que inscribirse en la conciencia ciudadana como parte de su claridad política para actuar con mayor responsabilidad en esta coyuntura de nuestra vida social.

Tampoco pueden perderse de vista las voces que llaman la atención sobre la propensión del accionar político hacia la radicalización de apuestas que sólo miran la repartija del poder, sin la más leve consideración por los daños que se le puedan infligir a la estructura misma de la sociedad, al fragmentarla y dividirla en esos fanatismos irreconciliables que son precisamente los que alimentan las violencias que hoy se pretenden superar.

Grave coyuntura es ésta de la vida nacional en la que, al parecer, las hábiles maniobras del Ejecutivo han logrado permear otras instituciones para neutralizar el sentido de su vigilancia y atrofiar las acciones judiciales que den sentido de orden y validez de principios a la vida social para que se preserve en el espíritu de la democracia más genuina.

Las capturas de alias Don Mario, Douglas y el Pato, representan un golpe certero a las bandas criminales ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo. Muestran los avances profesionales de las Fuerzas Armadas y, consolidan al ministro Santos como uno de los funcionarios más activos y que produce resultados de amplia resonancia. Muy oportunos además, pues también repercuten en las preferencias de la opinión pública, ahora cuando los candidatos trazan estrategias para situarse, con mejores posiciones, en las encuestas por la sucesión presidencial que, finalmente, parece no se va a dar.

Sin embargo, más allá de la euforia por estos logros, es de advertir que el círculo de las violencias no termina. Voces autorizadas han señalado que este flagelo del narcotráfico merece otros tratamientos, pues la sola instancia de la represión y de la guerra no cercena las cabezas de esta hidra que persistentemente se reproducirá mientras exista el mercado que la sustenta. El negocio de la droga seguirá nutriendo la interminable multiplicación de grupos grandes o pequeños, que siempre encontrarán alguna astucia para proseguir en la aventura de esta empresa y dar así continuidad a ese perverso sustrato que se ha endosado sin escrúpulos a la vida nacional.

La fatigada conciencia de los colombianos ya no sabe si entusiasmarse con estos innegables éxitos, o resignarse y simplemente asumir estas violencias con fácil apatía descomprometida cuando se percibe que vuelve a emerger esta inacabable cadena del narcotráfico y su espiral de muerte y corrupción. Aún está viva esa urdimbre de connivencias, de acuerdos subrepticios entre grupos al margen de la ley en las apuestas políticas de ciudades, gobernaciones y representaciones legislativas. Ese agresivo proceso de descomposición social y de la moral pública es inocultable, y con el calificativo de narcotraficante puro, hecho por el general Naranjo a “Don Mario”, luego de su captura, a pesar de haber sido postulado para acceder a la Ley de Justicia y Paz, son casi inequívocas las sospechas sobre la ausencia de claridad de las actuaciones oficiales, así como de los grupos políticos, que sólo tienen en la mira imaginación para reproducirse en el poder y casi nada para salirle al paso a estas violencias con soluciones de fondo.

La crisis actual de la economía que atraviesa el escenario del mundo no puede sorprender al país distraído en los avatares de cálculos políticos, en vez de estar plenamente concentrado en la dilucidación de las acciones que son necesarias para contrarrestarla.

Si bien es cierto que los índices actuales comparados con los del año 99 no son los mismos como para entrar en situación de alarma general, y que se pueden advertir hechos favorables como la existencia de reservas internacionales por 23.000 millones de dólares que significan 4.5 veces el endeudamiento del país, que hoy la cartera hipotecaria es apenas del 2% del PIB contra el 11.4% que se registraba en el 99, que la inflación es del 6% y que el déficit fiscal del sector público estará alrededor del 2.4%, tampoco se puede desconocer que se presentan signos preocupantes como el crecimiento económico declinante, el aumento del desempleo, la menor inversión extranjera directa ó la baja en las exportaciones y ventas de sectores fundamentales.

Es claro que no se puede dejar todo el manejo de la situación en manos del Banco de la República, como si la sola reducción de los intereses fuera la panacea para protegernos en esta eventualidad. Es preciso que se haga una acción coordinada de la gestión gubernamental en aspectos puntuales como la construcción de vivienda social y de infraestructura productiva, y se generen incentivos verosímiles. No basta con anuncios poco creíbles como la inversión de los 55 billones de pesos ó la controvertida exhortación a acelerar el gasto de gobernaciones y alcaldías.

Además, siempre se ha dicho que el desempeño de la economía está atado a la confianza que se genere en sus actores, y en este punto el Gobierno está llamado a ejercer una acción que haga posible la movilización de las fuerzas sociales para generar la certeza de que estamos en capacidad de superar esta situación. Para nada contribuye a la creación de confianza, la duda que hoy se vive en el ámbito político. Mucho ayudaría una definición, clara e inmediata, en torno al tema de la reelección que se ha identificado como el factor que más incertidumbre le genera al país en la actualidad.

La reciente declaración del exministro Carlos Holguín Sardi, en el sentido de marginar a la embajadora Noemí Sanín de cualquier pretensión por asumir las vocerías conservadoras en la próxima contienda electoral, tiene un alto valor estratégico. Se trata de la preservación de su propio nombre como la figura más representativa de su partido, el cual, a todas luces, no se puede descartar dentro del abanico de posibilidades que hoy se dirimen en el escenario de la política nacional. Es en éste parsimonioso político en quien podría recaer la mirada del uribismo en caso de un fracaso del referendo en la Corte Constitucional ó si resulta deficitaria la expresión popular ó si el Presidente desiste de presentarse a la tercera reelección.

Holguín Sardi hace parte de esa avenida tradición de la que hizo gala su familiar Jorge Holguín que en el pasado sirvió como hombre de confianza para salir de complicadas coyunturas políticas sin mayores riesgos. Quizás sólo aspira a la conclusión de su larga vida política con esta corona presidencial y, por eso mismo, es la persona que ofrece la garantía de quien no tiene otra aspiración que esta culminación honrosa. Sería el mediador de la disputa uribista; sería obsecuente con sus líneas doctrinarias; el administrador de sus apuestas y, hoy por hoy, la opción que más confiablemente dejaría el espacio abierto para el retorno de Uribe en el 2014, para redondear así las metas trazadas en el horizonte demarcado por la política de la Seguridad democrática.

En el complejo escenario de la política nacional en el que se ejercitan estas cábalas con miras a la próxima contienda electoral, Holguín Sardi permanece ahí como opción, si se trata de buscar un personaje predispuesto a contemporizar y a replicar las voces que buscan mantenerse como la sombra del poder. Si éstas son las condiciones que requiere el uribismo, éste es el nombre más expedito para salvar los riesgos de todo tipo que para el propio presidente conlleva una tercera reelección inmediata. Personas cercanas ya le han advertido de esos riesgos, así como de las ventajas que le significarían una renovada presencia para el 2014 y, seguramente, debe estar ponderando esta situación con su agudo olfato político.

Volteretas y jugadas de filigrana son las que se están registrando en la política nacional por estos días, y que tan sólo obedecen al reacomodo de sus protagonistas para no perder el poder, en unos casos y, en otros, claramente se adivina la intención oportunista de acceder al disfrute de prebendas clientelistas, conforme a la percepción que vislumbran del escenario que se va a presentar a futuro.

Se ha venido despejando la posibilidad del tercer mandato del Presidente y, en la misma forma, se están identificando y haciendo más visibles las grietas por donde se pueden descomponer e infiltrar las diferentes agrupaciones políticas, por encima de anteriores juramentos y manifestaciones de fidelidad de sus directivos y parlamentarios. Es la fisura desconcertante que se abre complacida por los apetitos de poder presentes en los miembros de las colectividades, quienes acogen, con total pragmatismo, el principio de que “más vale pájaro en mano”.

Así las cosas, lo que se aprecia es la tenaz persistencia de las viejas artimañas de una política más concentrada en las maquinaciones y en la urdimbre de argucias coyunturales, que en la definición de propuestas que contribuyan al remedio de tantos males sociales que aquejan la vida de los colombianos. Ninguna esperanza se puede albergar de quienes intercambian principios por prebendas; por esa vía siempre pierde la Nación y, con ella, la vida de la democracia. Es deprimente constatar que la conciencia política hoy esté más dominada por las razones estratégicas y las astucias de ocasión, que por los altos fundamentos de una ideología que tenga en la mira el interés social y el sentido del valor público de sus actuaciones. Más aún, cuando uno de los postulados explícitos de la primera campaña del presidente Uribe fue, precisamente, la erradicación de todos estos males que han sido tan funestos en nuestra historia y, quizás, el factor con mayor capacidad de corrosión de nuestra honradez ciudadana.

Sólo queda esperar, entonces, que por algún lado de nuestra vida política nacional, se abra paso un movimiento aglutinador de la persistente esperanza de muchos colombianos por disponer de un ejercicio público sano, sustentado en los valores que orienten una democracia abierta y sensata.

Se han propuesto la Cámara de Comercio, Vanguardia Liberal, la Fundación Participar y Financiera Coomultrasan, reunir voluntades con el propósito de hacer posible la creación del programa Bucaramanga, ¿cómo vamos?, que con tanto éxito se ejecuta desde hace 10 años en Bogotá, y que también han adoptado Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín.

Para hacer realidad este proyecto, se requiere aún del concurso de empresarios que se quieran sumar a este esfuerzo, con el fin de dotar al Área Metropolitana de Bucaramanga de una metodología que permita establecer, mediante indicadores de resultado y de percepción, una medida objetiva de la evolución de la calidad de vida de sus habitantes. Indicadores que deben garantizar la disponibilidad de una información oportuna y actualizada, en forma periódica, que sean de fácil comprensión para la ciudadanía y que informen sobre resultados concretos y no sobre procesos o simples anuncios de buenas intenciones, en temas como finanzas públicas, educación, servicios públicos, seguridad ciudadana, desarrollo económico, salud, vivienda, medio ambiente, espacio público y gestión pública.

La ciudad constituye el más significativo núcleo social, hace parte de los valores de la ciudadanía moderna, y la democracia exige que sus habitantes estén comprometidos con su buen destino; pero para que esto sea posible, se deben constituir mecanismos adecuados de vigilancia y control ciudadano. El trazo de los indicadores que permitan medir los efectos de las políticas en la vida pública, el debate público, la generación de conocimientos adecuados, la disponibilidad de la información y los mecanismos de seguimiento, son fundamentales para que la Ciudad pueda estar objetivamente vigilante sobre su buen futuro, sobre la transparencia de las actuaciones de los funcionarios y el cabal cumplimiento de promesas o planes y, más aún, crear las condiciones de participación efectiva del habitante, para que pueda poner en práctica mejores formas de acción en la vida pública y ejercer una ciudadanía responsable.

Cuando una sociedad tiene necesidad de superar los aciagos vicios de la corrupción, del uso indebido de los recursos públicos y la apatía ciudadana, que tanto daño han causado a su bienestar, medidas como éstas son las que se deben acometer para que la democracia retorne a los cauces genuinos de su desempeño.

Álvaro BELTRÁN PINZÓN
abeltranp@hotmail.com

De cara a las definiciones que se avecinan en la vida nacional, se ha generado la natural discusión sobre cuál debería ser la alternativa más conveniente para el país, y se aprecia una creciente polarización de la política, desde cuyos extremos se levantan voces que señalan a las posiciones centristas como carentes de convicciones, sin reparar que, en la actual coyuntura, el centro constituye una opción estratégica por su condición abierta a la comprensión de las más amplias posturas ideológicas.

No se aboga, desde luego, por una posición de transacciones y de conveniencias, que obedezca al cálculo oportunista de los llamados empresarios de la política, sino a la más genuina convicción de que las opciones liberales tienen espacio vital, en tanto es acción ceñida a los principios de una democracia amplia, participativa e incluyente, que puede generar un gran acuerdo nacional. Es decir, el ejercicio de una ciudadanía responsable, sustentada en la más clara conciencia de que ahora tenemos que actuar de cara a la vida futura, más atenidos a los principios modernos, reguladores de la vida social.

En el contexto de estas discusiones, se presenta la carta de Enrique Gómez Hurtado al Director del Partido Conservador que, si bien apela a las más antiguas formas de la exclusión y del señalamiento despectivo, no deja de ser interesante pues también se sitúa como parte de las disímiles posiciones que cada vez levantan la voz con más firmeza en contra de la reelección presidencial indefinida, y vuelve a abogar por un Acuerdo sobre lo fundamental, como pretendía su hermano Álvaro.
Un debate, por lo demás necesario, que también representa un reto para nuestra política local, necesitada de ideas renovadoras y del trabajo pensante y programático que contribuyan a la recuperación del ya lejano liderazgo santandereano en el ámbito de la vida nacional.

Tenemos ahí una tarea grande, y la contienda política que se avecina no nos puede tomar en actitud de marginalidad, ni de negligencia ciudadana, por cuanto es preciso evitar que los que viven de la política, tranquilamente se acomoden de espaldas a los intereses nacionales, continúen disfrutando de un atractivo salario y de posibilidades para derivar beneficios particulares ó prácticas clientelistas.

abeltranp@hotmail.com

En reciente entrevista al escritor y “futurista” Alvin Toffler, se le preguntaba acerca de las posibilidades que vislumbraba para que los ciudadanos de países que no van a ser líderes en este siglo, pudieran mejorar significativamente su calidad de vida y, sin pensarlo dos veces, afirmó que lo primero que hay que hacer es abandonar el modelo de educación masivo que se ha impuesto.

En Colombia se acogió, desde la última década del siglo pasado, una orientación educativa encaminada a propuestas de mera instrucción, para satisfacer la incorporación de los egresados al mercado laboral, afirmando dicho modelo. Esta eclosión masiva, si bien se tiñe con el mensaje de apertura de oportunidades para los más amplios sectores sociales, también trae consigo una pérdida de calidad y la devaluación del sentido de la vida universitaria. Ahora se impone abandonar la rigidez de los modelos educativos, con horario de entrada y salida, y una rutina que se asimila a un trabajo cualquiera, para virar hacia una educación que estimule el conocimiento individual.

A este cambio le apuntó la UIS en 2006, cuando instituyó el “Proyecto soporte al proceso educativo mediante tecnologías de información y comunicación” ProSPETIC, como una estrategia de innovación educativa que propiciara el aprendizaje activo, interactivo y significativo, utilizando tres estrategias:

1. Ofrecer a la comunidad infraestructura física y tecnológica adecuada, para la promoción de la innovación y el cambio del paradigma educativo, mediante la puesta en marcha del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación, CENTIC.
2. Crear cultura de trabajo en la red, mediante el soporte al sistema tradicional, a través del Portal del Profesor, y procesos de capacitación a docentes y estudiantes en el uso de la tecnología.
3. Participar en desarrollos científicos y de investigación, relacionados con plataformas, herramientas y objetos de aprendizaje que faciliten la estructuración y gestión del conocimiento en ambientes virtuales.

Reconforta esta visión que se tuvo en el Proyecto UIS, pero como advierte el mismo profesor Toffler, este cambio va a ser extremadamente difícil de lograr; nunca faltará el palo en la rueda que trate de impedir su concreción y se prefiera, mediante directriz desafortunada, seguir preparando chicos para ayer y no para mañana.