Para el próximo miércoles se ha convocado a reanudar clases en la UIS y el tema de la reelección del Rector sigue en la palestra pública, ocupando medios locales y nacionales, por la sencilla razón de que no se han resuelto las inquietudes que llevaron a cuestionar su proceder, con motivo de las conversaciones que sostuvo con un supuesto delincuente.

Ha faltado explicación cierta que dé tranquilidad a estudiantes, profesores y a la sociedad misma, dada esa extraña situación, por decir lo menos, en la que desafortunadamente se ha visto comprometida la figura del Rector y, con ella, la prestancia de la Universidad; precisamente, la Institución que por su misión educadora es la más llamada a salvaguardar claros principios y valores que orientan la vida ciudadana.

No se puede salir del paso con evasivas y desvíos de atención para crear falsos problemas, como ha ocurrido con las interpretaciones estrechas sobre el sentido profundo de la Autonomía Universitaria que hoy se intenta reducir a la defensa de una desacertada decisión del Consejo Superior; ó con las versiones de que los políticos regionales se quieren tomar las universidades públicas, pues en Santander este riesgo no ha sido evidente, y, por lo demás, la intervención del gobernador Serpa, es necesario decirlo, ha estado regida por un absoluto respeto a las estructuras de decisión de la Universidad; ó invocar la excelencia de una gestión, por cierto, controvertible.

Tampoco es atinado menospreciar la crítica y pretender acallar las voces que hoy tratan de expresar inconformidad ante esta coyuntura, cerrando las puertas de la Institución. Acaso, ¿es concebible una universidad sin estudiantes?

Y como no se puede garantizar buen suceso de la vida académica sin la base de una respetada gobernabilidad, es de esperar que el Rector asuma con entereza que la vida de la Universidad está por encima de intereses particulares, y se retire temporalmente del cargo para dar espacio a que la Fiscalía y organismos competentes aclaren la responsabilidad de sus actuaciones y la de quienes resulten implicados, poniendo a salvo el principio de autoridad, hoy viciado por todos estos infortunados sucesos, e impidiendo su capitalización por grupos anarquistas. Un fallo favorable permitirá su regreso con renovada credibilidad.

Constituye motivo de verdadero orgullo registrar el sitial de honor en el que se está colocando nuestro emblemático Cañón del Chicamocha, actualmente es 8 en su categoría, en el certamen internacional convocado por una fundación suiza para escoger las 7 nuevas maravillas del mundo. El cierre de la votación se producirá mañana, 7 de julio, y en él se acogerán 77 bellezas preseleccionadas; el 21 de julio, con la asesoría de la UNESCO, se llegará a 21 finalistas, para que en el 2011 se produzca la definición, luego de la visita que realizarán expertos a cada una de ellas. Quienes aún no han votado, lo pueden hacer en: www.colombia.travel www.santander.gov.co y www.new7wonders.com.

Esta ocasión, en la que ha sido relevante el entusiasmo de los santandereanos, debe constituirse en motivo de reflexión acerca del real sentido de nuestros bienes y valores, la importancia de preservar nuestras riquezas naturales y el desarrollo de su potencial turístico, pues además de los beneficios sociales que trae, es expresión cultural de apertura y medio privilegiado de comunicación que permite mostrar “nuestro mejor nosotros”. Los valores culturales se reafirman cuando los otros los reconocen e identifican.

Y a propósito de votaciones, resultó muy justa la escogencia que hicieran los santandereanos para que nuestra gloria musical, el maestro Alfonso Guerrero García, reciba homenaje nacional, el próximo 20 de julio, en la segunda versión del Gran Concierto que organiza el Ministerio de Cultura.

Su presencia artística ha marcado un hito en nuestra tradición musical desde los tiempos de la Rondalla Bumanguesa, y luego con la animación de sus diferentes agrupaciones y orquestas en todos los eventos y convocatorias regionales de importancia. Virtuoso en la ejecución de por los menos 7 instrumentos musicales, es pertinente resaltar su obra de difusión cultural desde la dirección de la lamentablemente desaparecida Banda del Departamento, durante 20 años. Recuerdo su profesionalismo y consagración cuando a raíz del concurso para escoger el Himno de Santander en el año 1988, y a pesar de no ser ganadora su composición, se dedicó con entusiasmo sin igual al montaje de su primera versión oficial, a partir de la cual el himno fue calando en el corazón de los santandereanos hasta representar hoy magnífica identificación.

Presentó la Revista Semana los resultados de una encuesta realizada en las principales ciudades del país, referente al nivel de la confianza de los colombianos sobre diversos aspectos e instituciones de la vida nacional, y su comparación con ejercicios similares a nivel mundial. Sólo el 40% de los encuestados confía en el Gobierno Nacional, que es la institución de mayor credibilidad, mientras que gobernaciones, alcaldías, entidades financieras y Justicia, merecen niveles inferiores hasta llegar a un 15% la confianza respecto a los propios funcionarios del Gobierno. A la pregunta de si se cree que la gente que conduce el país hace las cosas bien, un 70% de la opinión fue negativa, con un nivel de rechazo solamente superado por Panamá, Honduras y Perú en Latinoamérica. Con relación a cómo vemos el futuro social y económico, sólo el 11% tiene confianza en el país, presentando un resultado muy inferior respecto a otras latitudes como Asia con un 43%, Norteamérica 48% y Latinoamérica 23% en promedio.

Señala la encuesta que los colombianos sólo mantienen un fuerte anclaje de confianza en el orden familiar y muchas prevenciones para la creación de vínculos de asociación. Se refleja así el espíritu desconfiado que se cuida de los demás, tal vez como consecuencia de la infiltración en la sociedad colombiana de un perverso mundo solapado que actúa entre bambalinas y en componendas oscuras.

La confianza en las instituciones se da por la tranquila desprevención que se genera progresivamente, al comprobarse la transparencia de palabras y acciones de sus representantes, que nada encubren. Sólo así se construyen los vínculos sociales que permiten abrirse acogedoramente hacia los demás, para dar curso a un ambiente propicio al progreso y desarrollo nacional. El restablecimiento de la confianza social pasa por el propio de la Justicia, que hoy sólo merece un reconocimiento del 28%, y que debe dar señales claras de su administración pronta y cumplida, con eficiente castigo a los que se aparten del buen ejercicio ciudadano. Debe entenderse que la creación de confianza se fortalece en la sociedad, mediante adecuado trabajo educativo que restablezca los valores y, en este aspecto es saludable, en principio, que un 80% de los colombianos creen en sus profesores.

Muy acorde con la actualidad nacional resultó el foro sobre este tema, organizado por la Universidad Nacional de Colombia, con la dirección del eminente profesor de la Universidad de New York Stephen Holmes, caracterizado defensor del llamado “liberalismo constitucional” que se fundamenta en la idea de que un gobierno que se ajuste a normas preestablecidas puede ser más poderoso que uno que no respete límites, y durante el cual fue calificado como altamente riesgoso para el país el clima de creciente polarización que lo invade, de cara a la definición del próximo periodo presidencial.

Los expertos en comportamiento masivo coinciden en señalar que no hay nada más aglutinador de una sociedad que un sentimiento colectivo, trabajado mediante una profusa acción de medios, hasta lograr la adhesión pasional a una causa. Convocatorias a definiciones trascendentales hechas bajo este estímulo, representan alta posibilidad de que la gente exprese el efecto de la motivación, antes que una decisión razonada. A estas manifestaciones ha sido históricamente permeable nuestra sociedad, y el comportamiento emocional que nos caracteriza ha sido alimento de muchas jornadas democráticas pero también de guerras civiles y de las violencias que han entorpecido el progreso y el bienestar de los colombianos.

La estimulación pasional conduce al afloramiento de sectarismos, a la pérdida de la capacidad crítica de una sociedad, y, sobre todo, a condescender con los postulados de que el fin justifica cualquier medio para conseguirlo. Se desatiende así uno de los principios de la democracia cual es el de la autorregulación, es decir, la capacidad de establecer límites estables y respetados que permitan el entendimiento y la coherencia en la vida social y política. A este principio apunta Holmes, cuando hace referencia a que la Constitución de una nación no debe ser entendida como una frontera corrediza y quebrantable, según particulares conveniencias, ni tampoco como un rígido sistema normativo diseñado para limitar la expresión popular, sino que precisamente debe asumirse como el medio eficaz para asegurar que la democracia perdure, pues es su condición de salvaguarda, estabilidad y optimización.

Sembrar pasiones no le conviene a la vida política de una sociedad que quiera perseverar en la construcción de una democracia viva e incluyente.

A partir de reciente encuentro celebrado en Cartagena se dio vía libre a la iniciativa de reproducir en el país la idea del Banco de los pobres, original de Muhammad Yunus en Bangladesh, y que surgió como respuesta al dolor generado por la hambruna que padeció esa nación en 1974 cuando las personas hambrientas, provenientes del norte, llegaban a su capital Dacca, y simplemente se tendían en las entradas de las casas sin hacer ruido, y allí esperaban a que les llegara la muerte.

Por su propia iniciativa, con un aporte de 27 dólares, rescató a 42 víctimas de los prestamistas, y poco a poco fue dándole la configuración al Banco Grameen (Banco rural o de los pueblos), hasta llegar a beneficiar en 2006 a casi 7 millones de personas pobres, de las cuales el 97% eran mujeres de 73.000 localidades de Bangladesh, como quiera que los préstamos a mujeres, según su experiencia, siempre han redundado en mejores beneficios para las familias; ha acumulado créditos por 6.000 millones de dólares, con una impecable tasa de reembolso del 99% y un importe típico de 12 dólares por persona.

Reconfortante experiencia ésta que fue avalada con el otorgamiento del Premio Nobel de Paz en el año 2006, y que su autor interpretó como la constitución de una inextricable conexión entre paz y pobreza, ya que ésta es una amenaza para la paz. Hoy, el 58% de los prestatarios del banco han superado el umbral de miseria, y anota Yunus que “la hostilidad y la ira que generan la pobreza más absoluta no pueden ser sostén de la paz en ninguna sociedad”.

Es en este sentido que orientar la idea del Banco Grameen hacia la creación de oportunidades emprendedoras para los pobres de nuestro país merece la bienvenida en esta sociedad fatigada por la guerra y las violencias. Ojalá podamos asimilar esa fe inquebrantable en la creatividad del ser humano que inspira esta iniciativa, y que ha llevado a sus autores al convencimiento de que las personas no nacen para sufrir la miseria del hambre y la pobreza, sino que es la sociedad la que nunca les ha dado la base sobre la cual crecer.

Sociedades reguladas por una justicia ecuánime, no aceptan condenas a inocentes ó que se deje el campo abierto a la impunidad. Este es un principio inequívoco y toda la ciudadanía tiene derecho a estar vigilante para que eso no ocurra. Entre tantas imprecisiones y tropiezos, se abre ahora una esperanza de confianza en la justicia, con la reapertura del caso Luís Carlos Galán que, al parecer, con nuevos indicios y sobre todo, teniendo en cuenta declaraciones ignoradas ó tenidas en cuenta en forma parcial, podría ahora sí enrumbarse hacia la clarificación de este crimen cometido hace 20 años.

Es evidente que los valores ciudadanos están sustentados, en buena medida, en la acción proba de la justicia, y es éste un asunto que le compete a los funcionarios del Estado que han intervenido en este proceso, pues si cada uno hubiera actuado de cara a lo público, con transparencia y acatamiento de la ley, no habrían tenido lugar esos comportamientos encubridores o las aviesas tácticas para desviar la atención de la justicia hacia la inculpación a cinco personas, entre ellas el fallecido Hubis Hazbún, a quienes después de 42 meses de encarcelamiento se les notificó que nada tenían que ver con el caso. Típica apelación al recurso que Girard expone en su libro “El chivo expiatorio”, de buscar en una víctima inocente la absolución del crimen.

Cuánto daño se le ha ocasionado a la sociedad colombiana con ese malévolo subterfugio de inculpar a la víctima propicia ó de escudarse tras el parapeto de sospechas hábilmente creadas, para evadir las responsabilidades propias, culpando a los demás. Así ha hecho carrera esa especie de astucia nacional del avivato, que recurre perversa e inescrupulosamente a cualquier artimaña para pretender escapar airoso de situaciones comprometedoras, cuando no llega hasta el cinismo de convertirse en depositario de la condolencia social.

Estas son las formas de la vida fácil que no pueden prosperar más en nuestra sociedad. Empezar por aclarar el asesinato de Galán, tan sentido en el corazón de los colombianos, es oportunidad favorable para que nuestra justicia se valide como institución que contribuye efectivamente a la salvaguarda de la democracia que se funda en el respeto a la Ley.

El registro del acontecer que se publica en los distintos medios de comunicación, las charlas de café y hasta las reuniones familiares, se han convertido en indicativo de una preocupante polarización política que cada día cobra más resonancia en la vida colombiana. Se trata de la fragmentación de la sociedad en posiciones cada vez más sectarias, en la forma de una maniquea discriminación investida de subliminales apropiaciones religiosas, según la cual quien muestra un desacuerdo con nuestro pensamiento ya está del lado del mal, descalificando cualquier sentido de la crítica y de la condición democrática del pluralismo. El resultado de esta conducta es la emergencia de una cultura de la sospecha que divide y enfrenta irreconciliablemente en una especie de enemistad nacional.

Por otro lado, también la adhesión incondicional al Gobierno está abriendo sorprendentes espacios de tolerancia y permisividad con situaciones que a toda luz son reprochables. Este comportamiento, que se generalizó como reacción explicable frente a las violencias guerrilleras y paramilitares, ha generado métodos perversos, actitudes, vicios y nuevas barbaries como los llamados falsos positivos, y ha permitido que a su sombra florezcan relaciones inaceptables y formas de corrupción ó de riqueza rápida que pasan camufladas en una corriente que arrolla y no se detiene ante principio alguno, porque en una sociedad apasionada estas acciones cobran credencial de astucia y buen recibo.

Este mal espíritu social que se está gestando no es caldo de cultivo apropiado para lograr la paz que se anhela en nuestro país, y pareciera que antes que acercarnos cada día nos alejamos más, si evaluamos lo vivido en el proceso recorrido por Suráfrica. El expresidente De Klerk afirma que la búsqueda de la paz es más una obligación de carácter moral que política, y por tanto debe estar fundamentada en principios muy sólidos e inamovibles pero, además, requiere una disposición de ánimo que permita abrir puertas hacia el entendimiento y a la generación de confianza sin los cuales difícilmente se logran acuerdos satisfactorios. Conviene tener en cuenta su apreciación, según la cual luego de un conflicto armado, aún en el caso de una victoria militar, es indispensable un proceso de reconciliación si se aspira a llegar a una paz duradera.

Una lección de comportamiento político para los colombianos significó la brillante conferencia del expresidente Frederik Willem De Klerk, en el marco del Foro de Liderazgo de El Espectador, en la cual nos ilustró sobre el proceso que condujo a Suráfrica a la paz, luego de que hace 25 años se evaluara este conflicto como imposible de dirimir ante la creciente ira negra, el aislamiento internacional, la dispersión de su población en 23 partidos políticos y 11 idiomas oficiales.

De Klerk relató que en 1986 su partido llegó a la certeza de que el país iba camino a su destrucción y, convencidos de que la paz justifica todos los riesgos y sacrificios, decidieron con total convicción que era preciso trabajar en esta dirección -aún a costa de la propia disolución de su partido, como en efecto ocurrió- con el propósito de demostrar generosidad y transparencia, actitudes que presidieron este empeño nacional. Una negociación que abrió las puertas a la inclusión, mediante el respeto, acuerdos claros y lealtad con el adversario.

Estos postulados se tradujeron progresivamente en los factores de entendimiento entre las partes, hasta llegar en 1990 al anuncio del fin del Apartheid y a la promulgación de una nueva Constitución donde pudieron incorporar los temores de unos y otros, y también sus aspiraciones, para finalmente pactar una amnistía, conocer la verdad y avanzar en una reconciliación que se presenta duradera, pero que exige permanente actitud de desprendimiento. Hoy Suráfrica se destaca como una nación ampliamente reconocida; su capital es la que alberga una mayor representación diplomática, después de Washington, y presenta envidiables índices sostenidos de crecimiento y erradicación de la pobreza.

A nivel local, contrasta la experiencia surafricana con lo sucedido en el reciente proceso para designar rector de la UIS, donde las consideraciones francamente personalistas se impusieron a los altos intereses institucionales, y la convocatoria no dio tiempo para concentrarse en la mejor proyección de la Universidad, pues la atención se distrajo en un ambiente enturbiado por los agravios. No hubo espacio para ponderar con serenidad la situación y, con la reelección, todo se precipitó en una salida que deja a la comunidad universitaria fragmentada y sumida en la incertidumbre. Faltó respeto, transparencia y generosidad.

Impacta la frase. La pronunció una mujer en el Congreso de la República en reciente debate, cuando solicitaba que no le impidieran el acceso a los desperdicios que reciclaba para su infravivencia en este mundo. Demanda aparentemente insólita que proviene desde las márgenes de una democracia como la colombiana que no se ha caracterizado por sus tendencias a la inclusión.

Quizás pasó desapercibida en esa sesión, y difícilmente nos acordaremos en adelante de su invocación, por la misma sordera cínica ó impotente con la cual nos hemos venido acostumbrando a recibir los cuestionamientos de demanda de atención social. Así pasó la voz que clamaba en un desierto de indiferencia por su derecho a la basura. No obstante, aunque se trató de un momento fugaz propiciado por la publicidad de las cámaras de televisión, ahí quedó esa imagen de la mujer que reclamaba su apego a ese último hilo de supervivencia que deriva de lo que para otros compatriotas son simplemente desechos.

Es un signo mordaz, una descarnada expresión de la pobreza que se genera con la falta de educación y de oportunidades, y que se ha acrecentado con los implacables procesos de exclusión generados por el desplazamiento forzado y la concentración de energías de los gobiernos en el crecimiento de los índices macroeconómicos, despreciando políticas de contenido social cierto, sin detenerse a medir la potenciación de estas expresiones marginales que van diluyéndose en la frustración, hasta caer, tal vez, en las tentaciones de la violencia que encuentra en la desesperación, fuente propicia.

Cuánto bien le haría a la conciencia política nacional una lectura más atenta de estos hechos que cada día proliferan con mayor fuerza en la vida de los colombianos. Son manifestaciones de un problema social de hondo calado que persiste y que es levadura de violencias. Si no lo atacamos de raíz, nunca se tendrán condiciones estructurales para la consecución de una paz duradera.

La voz de esta mujer es el reclamo de una oportunidad ante los precarios recursos que ofrece la marginalidad en la que sobrevive. Esas voces son las que se merecen el buen oído de la política y la mejor atención de los planes de gobierno.

Los malhadados hechos que han alterado la vida de la UIS demandan la necesidad de hacer la más rotunda claridad sobre el asunto, tal como lo exige la opinión pública y la imagen misma de tan prestigioso centro académico, para desvanecer hasta el más mínimo resquicio de sospecha. Así mismo representa la gran oportunidad para que esta valiosa comunidad y sus organismos de gobierno, sitúen la mira en la salvaguarda de la institucionalidad, por encima de cualquier interés o consideración particular.

Es en estas situaciones cruciales donde se impone el espíritu de grandeza y de desprendimiento en favor de los intereses institucionales. Es el momento de la gran responsabilidad de sus directivos para despejar la confusión y restituir el cauce de normalidad que haga viable la compleja tarea misional de construir conocimiento y cumplir su función educadora.

Esta es la actitud que se debe recuperar cuanto antes, para asumir con serenidad, apartando las pasiones que han despertado estos hechos, el análisis de las hojas de vida y ejecutorias de los candidatos a la rectoría y, proceder al estudio, discusión y evaluación de sus propuestas, para que se pueda escoger a la persona que mejor convenga al Alma Máter que, por su prestancia social, demanda de su rector no sólo la mejor calidad académica sino la seguridad de que procederá con la transparencia de quien se convierte en ejemplo de rectitud por la misma dignidad de su investidura.

Se espera que la comunidad actúe con madurez en la consulta programada y que el Consejo Superior acierte con su mejor sabiduría respecto a la persona que va a dirigir los destinos de la Universidad; que nada enturbie el camino de esta generosa Institución para que pueda proseguir ejerciendo el noble destino que le ha encomendado la sociedad como jalonadora de su bienestar y progreso.

Cada uno desde su interior debe sopesar el sentido de su compromiso con la estabilidad de la Universidad Industrial de Santander. Cada cual debe asumir a conciencia la actuación que más contribuya a la preservación de la tranquilidad del colectivo. Encarar esta responsabilidad con la mayor entereza es lo que exige este momento crucial de la vida universitaria.

La rendición de cuentas es algo más que un inventario de cifras. Si bien es cierto que los programas contra la corrupción tienen un sentido alentador en cuanto se trata de una defensa de la moral pública que tanto se requiere en estos tiempos disolutos, no obstante, tienen la tendencia a concentrarse en el énfasis sobre la 'corrupción económica', definida por Hardt y Negri en Multitud como la "desviación ilegal de los recursos de los sistemas públicos para lucro privado". Aunque se trata de un fenómeno grave, es tan sólo la punta del iceberg pues los vicios concomitantes como el nepotismo, el clientelismo, el amiguismo, la simonía, las canonjías, y las cortapisas a la justicia misma, constituyen expresión de ese fenómeno creciente de desintegración ciudadana que tanto debe preocupar a una sociedad democrática.

La moral pública resulta afectada por estos vicios, y una ciudadanía participativa no puede constituirse con una justicia a medias, cuestionada frecuentemente por sus resultados precarios como ha ocurrido en recientes manifestaciones de importantes voceros de la comunidad europea y norteamericana, ó por valientes testimonios como el que ha generado el padre jesuita Javier Giraldo Moreno, quien señala ese perverso tejido de complicidades institucionales como el mal que ha trastornado tan profundamente a la sociedad colombiana. La conciencia de la humanidad se siente comprometida con la búsqueda de la VERDAD y de la JUSTICIA y acepta con agrado someterse a mecanismos institucionalizados que faciliten su aproximación, así muchas veces impliquen molestias, esfuerzos o incomodidades personales. Lo que no puede aceptar una conciencia ética es involucrarse en mecanismos institucionales que, tras ficciones o simulacros de verdad y de justicia, conduzcan precisamente a contribuir en la práctica y positivamente con la falsedad y la injusticia.

La rendición de cuentas tendrá que tomarse en un sentido holístico y asumirse a la manera clásica; esto es, que no se detenga en el mero inventario de contabilidades sino en razones políticas, que propicien el control de la gestión social desde una perspectiva más pluridimensional y, por lo tanto, más alentadora de los principios formativos que animan la vida de una ciudadanía participativa y vigilante del valor social que deben tener siempre las acciones del gobernante.

Llama la atención que, desde distintas fuentes, incluyendo un reciente editorial de El Tiempo, se hagan públicas ciertas reservas sobre el comportamiento de instituciones de tanta trascendencia para la vida de la democracia, como son la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional, para no hablar del Congreso, siempre en la picota por su errático proceder.

La responsabilidad que le atañe a los medios de comunicación, en razón de su propio discurso crítico, constituye factor suficiente para atender estas voces que reclaman transparencia y signos inequívocos de que se está dando cabal cumplimiento al ejercicio de las funciones encomendadas a estas instancias del poder público.

Las sociedades no tienen otro asidero para su preservación que la propia consistencia de sus instituciones. Ellas son las que le generan confianza mediante la guarda del orden en la plenitud del espíritu del derecho y de la autonomía; en la preservación del necesario equilibrio de poderes en el cual se soporta la vida de la democracia, para no caer en sinuosa tendencia que favorezca los antojadizos afanes de poder que alimentan las tentaciones del Ejecutivo.

Es por esa razón que las voces que hoy alertan sobre estas fisuras no pueden pasar desapercibidas, sino que tienen que inscribirse en la conciencia ciudadana como parte de su claridad política para actuar con mayor responsabilidad en esta coyuntura de nuestra vida social.

Tampoco pueden perderse de vista las voces que llaman la atención sobre la propensión del accionar político hacia la radicalización de apuestas que sólo miran la repartija del poder, sin la más leve consideración por los daños que se le puedan infligir a la estructura misma de la sociedad, al fragmentarla y dividirla en esos fanatismos irreconciliables que son precisamente los que alimentan las violencias que hoy se pretenden superar.

Grave coyuntura es ésta de la vida nacional en la que, al parecer, las hábiles maniobras del Ejecutivo han logrado permear otras instituciones para neutralizar el sentido de su vigilancia y atrofiar las acciones judiciales que den sentido de orden y validez de principios a la vida social para que se preserve en el espíritu de la democracia más genuina.

Las capturas de alias Don Mario, Douglas y el Pato, representan un golpe certero a las bandas criminales ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo. Muestran los avances profesionales de las Fuerzas Armadas y, consolidan al ministro Santos como uno de los funcionarios más activos y que produce resultados de amplia resonancia. Muy oportunos además, pues también repercuten en las preferencias de la opinión pública, ahora cuando los candidatos trazan estrategias para situarse, con mejores posiciones, en las encuestas por la sucesión presidencial que, finalmente, parece no se va a dar.

Sin embargo, más allá de la euforia por estos logros, es de advertir que el círculo de las violencias no termina. Voces autorizadas han señalado que este flagelo del narcotráfico merece otros tratamientos, pues la sola instancia de la represión y de la guerra no cercena las cabezas de esta hidra que persistentemente se reproducirá mientras exista el mercado que la sustenta. El negocio de la droga seguirá nutriendo la interminable multiplicación de grupos grandes o pequeños, que siempre encontrarán alguna astucia para proseguir en la aventura de esta empresa y dar así continuidad a ese perverso sustrato que se ha endosado sin escrúpulos a la vida nacional.

La fatigada conciencia de los colombianos ya no sabe si entusiasmarse con estos innegables éxitos, o resignarse y simplemente asumir estas violencias con fácil apatía descomprometida cuando se percibe que vuelve a emerger esta inacabable cadena del narcotráfico y su espiral de muerte y corrupción. Aún está viva esa urdimbre de connivencias, de acuerdos subrepticios entre grupos al margen de la ley en las apuestas políticas de ciudades, gobernaciones y representaciones legislativas. Ese agresivo proceso de descomposición social y de la moral pública es inocultable, y con el calificativo de narcotraficante puro, hecho por el general Naranjo a “Don Mario”, luego de su captura, a pesar de haber sido postulado para acceder a la Ley de Justicia y Paz, son casi inequívocas las sospechas sobre la ausencia de claridad de las actuaciones oficiales, así como de los grupos políticos, que sólo tienen en la mira imaginación para reproducirse en el poder y casi nada para salirle al paso a estas violencias con soluciones de fondo.

La crisis actual de la economía que atraviesa el escenario del mundo no puede sorprender al país distraído en los avatares de cálculos políticos, en vez de estar plenamente concentrado en la dilucidación de las acciones que son necesarias para contrarrestarla.

Si bien es cierto que los índices actuales comparados con los del año 99 no son los mismos como para entrar en situación de alarma general, y que se pueden advertir hechos favorables como la existencia de reservas internacionales por 23.000 millones de dólares que significan 4.5 veces el endeudamiento del país, que hoy la cartera hipotecaria es apenas del 2% del PIB contra el 11.4% que se registraba en el 99, que la inflación es del 6% y que el déficit fiscal del sector público estará alrededor del 2.4%, tampoco se puede desconocer que se presentan signos preocupantes como el crecimiento económico declinante, el aumento del desempleo, la menor inversión extranjera directa ó la baja en las exportaciones y ventas de sectores fundamentales.

Es claro que no se puede dejar todo el manejo de la situación en manos del Banco de la República, como si la sola reducción de los intereses fuera la panacea para protegernos en esta eventualidad. Es preciso que se haga una acción coordinada de la gestión gubernamental en aspectos puntuales como la construcción de vivienda social y de infraestructura productiva, y se generen incentivos verosímiles. No basta con anuncios poco creíbles como la inversión de los 55 billones de pesos ó la controvertida exhortación a acelerar el gasto de gobernaciones y alcaldías.

Además, siempre se ha dicho que el desempeño de la economía está atado a la confianza que se genere en sus actores, y en este punto el Gobierno está llamado a ejercer una acción que haga posible la movilización de las fuerzas sociales para generar la certeza de que estamos en capacidad de superar esta situación. Para nada contribuye a la creación de confianza, la duda que hoy se vive en el ámbito político. Mucho ayudaría una definición, clara e inmediata, en torno al tema de la reelección que se ha identificado como el factor que más incertidumbre le genera al país en la actualidad.

La reciente declaración del exministro Carlos Holguín Sardi, en el sentido de marginar a la embajadora Noemí Sanín de cualquier pretensión por asumir las vocerías conservadoras en la próxima contienda electoral, tiene un alto valor estratégico. Se trata de la preservación de su propio nombre como la figura más representativa de su partido, el cual, a todas luces, no se puede descartar dentro del abanico de posibilidades que hoy se dirimen en el escenario de la política nacional. Es en éste parsimonioso político en quien podría recaer la mirada del uribismo en caso de un fracaso del referendo en la Corte Constitucional ó si resulta deficitaria la expresión popular ó si el Presidente desiste de presentarse a la tercera reelección.

Holguín Sardi hace parte de esa avenida tradición de la que hizo gala su familiar Jorge Holguín que en el pasado sirvió como hombre de confianza para salir de complicadas coyunturas políticas sin mayores riesgos. Quizás sólo aspira a la conclusión de su larga vida política con esta corona presidencial y, por eso mismo, es la persona que ofrece la garantía de quien no tiene otra aspiración que esta culminación honrosa. Sería el mediador de la disputa uribista; sería obsecuente con sus líneas doctrinarias; el administrador de sus apuestas y, hoy por hoy, la opción que más confiablemente dejaría el espacio abierto para el retorno de Uribe en el 2014, para redondear así las metas trazadas en el horizonte demarcado por la política de la Seguridad democrática.

En el complejo escenario de la política nacional en el que se ejercitan estas cábalas con miras a la próxima contienda electoral, Holguín Sardi permanece ahí como opción, si se trata de buscar un personaje predispuesto a contemporizar y a replicar las voces que buscan mantenerse como la sombra del poder. Si éstas son las condiciones que requiere el uribismo, éste es el nombre más expedito para salvar los riesgos de todo tipo que para el propio presidente conlleva una tercera reelección inmediata. Personas cercanas ya le han advertido de esos riesgos, así como de las ventajas que le significarían una renovada presencia para el 2014 y, seguramente, debe estar ponderando esta situación con su agudo olfato político.